Opinión

La militarización llegó con la 4T: Ángel Dorrego

La militarización llegó con la 4T

A inicios de la semana se publicó un decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación: en éste se habilita al ejército para desplegar tareas de seguridad pública. En resumen, esto quiere decir que las fuerzas militares mexicanas van a poder utilizarse como policías a discreción del ejecutivo federal. Este tipo de medidas suelen ser sumamente criticadas en cada país que se considere democrático, ya que altera las funciones institucionales de los aparatos de legítimo uso de la violencia del estado para convertirlos a todos de tiempo completo en vigilancia del comportamiento del propio cuerpo social que tendrían que proteger. Esta aguda crítica fue la bandera con que se señaló a los dos gobiernos anteriores, y el portador del estandarte fue el hoy presidente: Andrés Manuel López Obrador.
El primer mandatario de nuestra nación fue inclemente y prolífico al criticar al ex presidente Felipe Calderón cuando decidió en 2007 utilizar al ejército mexicano para atacar directamente el problema del narcotráfico en nuestro país. El resultado es por todos conocido: la captura de líderes regionales de los cuerpos del crimen organizado inició una pugna entre bandas rivales por abarcar rutas y territorios de sus competidores, metiendo a nuestra nación en una espiral de violencia que no hemos sido capaces siquiera de revertir. Los asesinatos, entre una larga lista de delitos, empezaron a aumentar de forma exponencial hasta ponernos como el país con más muertos sin vivir directamente en un conflicto bélico declarado o guerra civil propiamente dicha. Y la curva sigue subiendo mes con mes. López Obrador señaló cada una de estas falencias.
Y la cosa no cambió en el sexenio siguiente, ya que el ex presidente Enrique Peña Nieto continúo con la misma táctica, pero cambiando la estrategia con la intención de tener menores enfrentamientos y, por ende, menos decesos. Fracasó. Los entes del crimen organizado tuvieron tiempo para reforzar su estructura humana y aumentar su capacidad de fuego, y cuando llegaron al inconcebible exceso de secuestrar y desaparecer 43 estudiantes guerrerenses fue más que claro. Así que se regresó a lo que se tenía en el sexenio de Calderón: que el ejército fungiera como una especia de policía nacional al tiempo que ellos mismos se quejaban de que no se les otorgaba el andamiaje legal y administrativo para ejercer funciones que hasta ese momento eran extralegales.
López Obrador señaló lo equivocado del planteamiento peñista; y dijo que, si él llegaba a la presidencia, regresaría el ejército a los cuarteles en seis meses, mismos que le alcanzarían para formar nuevas fuerzas policiales y así acabar con la militarización iniciada por una equívoca decisión de Calderón. Cabe señalar lo endeble de este planteamiento, pues entrenar una fuerza policial suficiente para un país de 125 millones de habitantes requiere, por lo menos, de un par de años que requiera la preparación del proyecto; ya que hay que generar una malla curricular discutida y avalada por especialistas tanto en el área de seguridad como de técnicas pedagógicas, integrar una plantilla docente, registrar los programas ante la Secretaría de Educación Pública, programar presupuestos para sostener la academia (o academias), así como habilitar instalaciones y manuales de operación institucional. Sucedido esto, se necesitan tres años más para ver salir a la primera generación. Es un esfuerzo grande que requiere cooperación transexenal, pues sólo da tiempo a sentar las bases para que el siguiente gobierno capitalice, aproveche y mejore los procesos. El punto con esto es que, si bien la desmilitarización tiene mucho sustento teórico en las ciencias sociales, el planteamiento del gobierno no tenía lógica desde la campaña, pero se negaron incesantemente a verlo.
Al llegar al ejercicio del poder ejecutivo federal, el auto denominado gobierno de la cuarta transformación, encabezado por López Obrador, se encontró con los mismos problemas en el área de seguridad que sus antecesores: pocos cuerpos de policía estatal auténticamente funcionales, una situación todavía peor en los cuerpos de seguridad municipales, alto nivel de infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas del área, un tremendo e irresponsable atraso de abogados y ministerios públicos en el ejercicio del derecho dentro del sistema penal acusatorio, además de una dependencia de dichos cuerpos institucionales al trabajo que les proveen las fuerzas armadas, lo que provoca que no mejoren, generando un nefasto círculo vicioso. Y esto no se romperá en este sexenio, de hecho, se ha oficializado ante los nulos resultados en materia de seguridad hasta este momento, aunado a que la recién creada Guardia Nacional (GN) está compuesta en más del 80% por efectivos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) o la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), además de que sus mandos operativos y de capacitación están en dichas instituciones. Por si esto fuera poco, a la GN se le utiliza como policía migratoria para llevar buena relación con el presidente de los Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump; reduciendo en gran cantidad los efectivos necesarios para labores de seguridad pública. Al verse en el mismo dilema que sus antecesores, López Obrador fue, lejos de un contrario, un seguidor más radical, ya que legalizó lo que los otros no se atrevieron debido a las implicaciones en las políticas nacionales de derechos humanos y los tratados internacionales signados por México.
En el bando del presidente han tratado de defender la decisión que denostaron por 12 años. Se opusieron a la participación de militares desde el movimiento #NoMásSangre que mancillaba al gobierno de Calderón, o el #FueElEstado durante el periodo de Peña Nieto. Unos han dicho que en realidad es un paso a la desmilitarización, ya que el decreto tiene fecha de finalización en el crepúsculo del sexenio. Parecen olvidar que dicho periodo se puede extender o que el siguiente presidente puede hacer exactamente lo mismo, en caso de que la medida logre superar los amparos y juicios que seguramente se vendrán en su contra. Pero el punto es que el sexenio de la cuarta transformación utilizará a los militares como su policía. Dicen que lo harán en casos extraordinarios, pero se dejaron la disposición de tiempo completo. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, matiza diciendo que estarán bajo órdenes civiles emanadas de la Guardia Nacional, pero ésta ya es operada por mandos militares.
El presidente ha dejado claro en fechas recientes que para él en México hay sólo dos bandos: los que están con la transformación del país o los que apoyan el pasado corrupto. La teoría falla si los que están transformando al país actúan del mismo modo que sus antecesores, sin dejar de mencionar la falta de imaginación para tratar de ahogar un segmento electoral que está en contra del manejo que se tuvo del país, pero que no le parece que las soluciones actuales sean las pertinentes. Se llama pluralidad, cosa que no entienden los gobiernos que utilizan a sus fuerzas castrenses como gendarmes.
Pero lo más preocupante es cómo se está perfilando nuestro país para paliar con los retos inmediatos que le vienen una vez pasada la emergencia de la pandemia de Covid-19. Somos un país en desarrollo lo suficientemente grande como para pertenecer al G-20; con la tasa de homicidios más alta para un país sin guerra; cuyas primeras tres fuentes de ingreso son el petróleo, las remesas de los mexicanos en los Estados Unidos y el turismo; cuyos organismos independientes están cooptados por una presidencia omnipresente; que suspende contratos de inversión acusándolos de ilegales, pero sin comprobar o llevar a proceso jurídico nada; que no protege a su planta productiva, pero se niega a dejar de repartir dádivas asistencialistas; y cuyos mayores proyectos serían útiles para potenciar al país si estuviéramos en 1960. Y como colofón, un país donde el presidente utiliza a los soldados como policías, como en dictadura sudamericana del siglo pasado. Con esta fórmula no se puede tener inversión, un país que produzca más para sus ciudadanos o mejoras en la escala social. En lo espiritual no sé porque soy politólogo, no teólogo. En resumen, un país lleno de pobreza paliada por el corporativismo con seguridad pública militar. La 4T nos está llevando a una transformación más radical hacia el neoliberalismo salvaje, aunque ellos le digan como el presidente quiera.

Educación

Por Ángel Dorrego

Analista, consultor y asesor político. Especializado en temas de seguridad y protección civil. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales también por la UNAM. Cuenta con experiencia como asesor de evaluación educativa en México y el extranjero, funcionario público de protección civil y consultor para iniciativas legislativas.

Twitter: @AngelDorrego

Correo para el público: adorregor@gmail.com

Banner

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión del Portal que lo replica y pueden o no, coincidir con las de los miembros del equipo de trabajo de Okey Querétaro, quienes compartimos la libertad de expresión y la diversidad de opiniones compartiendo líneas de expertos profesionistas.

Foto Alto Nivel