La pena de muerte es inútil, menos para el que la propone
La pena de muerte es inútil, menos para el que la propone
Ángel Dorrego.- La bancada en la Cámara de Diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ingresó una iniciativa de ley para que se castigue con pena de muerte los delitos de feminicidio y homicidio doloso a niños. Dicha iniciativa fue presentada por el coordinador de la bancada parlamentaria del PVEM, Arturo Escobar, y está suscrita por los 13 diputados del grupo más cinco del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los cuales llegaron a sus curules como miembros del verde, pero pasaron a engrosar las filas del partido con la mayoría legislativa. Sus alegatos para sustentar el proyecto estriban en que el Estado ha fallado en la protección de estos grupos y que la pena de muerte coadyuvaría a la reducción de tan penosos delitos, para lo cual presentaron como prueba su propia palabra, y nada más.
Para empezar, la implementación de tal medida requiere de un sistema judicial muy cercano a la perfección, ya que es un castigo que no tiene resarcimiento. O sea, una vez muerto el acusado no hay reparación posible en caso de error. Y el sistema judicial en México no solo está lejos de la perfección, está más bien cercano al desastre, ya que sólo el 4% de los delitos denunciados terminan con una pena condenatoria. En un aparato judicial donde priva la ineficiencia y la corrupción, la pena de muerte no es más que un despropósito, ya que permitiría que los poco eficaces y sobrecargados de trabajo agentes de investigación acusaran con precarias pruebas, lo cual es su costumbre incluso en casos donde hay constancias evidentes de delito, a alguien de algo que lo pondría a jugarse la existencia. El mismo caso sería con los desfasados ministerios públicos que todavía siguen resistiéndose a las reformas de los juicios orales.
Pero supongamos que ése no es un problema. ¿Entonces valdría la pena considerar la pena de muerte con la finalidad de reducir la incidencia de ciertos delitos? No. La razón es muy sencilla: no existe evidencia científica, o por lo menos confiable, en ninguna parte del mundo, de que la pena de muerte reduzca la persistencia de delito alguno. Sencillamente no cambia nada desde el punto de vista de la recurrencia delictiva.
Sólo cinco países en el mundo todavía la permiten, tres de ellos porque sus gobiernos tienen prácticas teológicas; otro es China, donde los derechos humanos son una leyenda de occidente y no tienen ningún reparo en sacrificar a cualquiera que consideren peligroso para la sociedad, incluso si lo que hace es informar y opinar; y el último es Estados Unidos (EUA), donde todavía existe en varios estados, pero que no tienen una diferencia significativa de delitos con sus vecinos que no aplican la pena capital.
Lo que sucede es que el razonamiento que ocupan es que el tamaño de la pena disuadirá al potencial delincuente de cometer un acto penalmente ilegal para evitar enfrentar un severo castigo. Sólo que los estudios serios y científicos de la conducta criminal arrojan completamente otra ecuación. Lo que un potencial perpetrador del delito se pregunta antes de cometer un acto lesivo es más sencillo. Se reduce a ¿me van a atrapar? Si las posibilidades de ser capturado y sujeto al proceso judicial son altas, los incentivos para realizarlo bajan, y el asunto depende más de qué tan apremiante sea la situación del que planea delinquir. Pero si las posibilidades de ser aprehendido y enjuiciado son bajas, como es el desgraciado caso de nuestro país, entonces se termina la principal traba para cometer el delito. El tamaño de la pena pasa, por lo menos, a segundo término, si es que alguna vez se toma en cuenta.
A esto habría que agregarle que convierten al sistema judicial y a las instituciones del estado en verdugos, en asesinos que definen quién merece vivir. Esto puede no plantear ningún problema para aquellos que creen que matar es, de alguna forma, un acto de valentía; cuando en realidad no es más que nuestra primitiva respuesta al miedo, ya que sólo se trata de destruir todo aquello que representa una amenaza a nuestra integridad sin un proceso de raciocinio de por medio. Además, rompe todo el concepto de la reinserción social, ya que se renuncia al intento de recuperar las vidas de seres humanos, o por lo menos de algunos de ellos, que no supieron reconocer un error a tiempo y que vivirán estigmatizados por una serie de condiciones adversas y una pésima toma de decisiones. Por eso no es casualidad que en los países europeos, encabezados por los escandinavos, las penas máximas para los delitos más graves no pasan de los 25 años. Y por cierto, sus índices de incidencia delictiva son los más bajos del mundo, por la sencilla razón de que todos saben que si alguien comete un homicidio, va a haber quien investigue qué pasó, va a ir a buscarlos y terminarán en una celda. Nada tiene que ver la amenaza de penas severas, tan común en nuestros políticos oportunistas y poco informados.
Pero entonces, ¿qué gana un partido político con proponer algo que no va a ser aprobado, no es viable de aplicar y no resuelve ningún problema? La simpatía de las personas que han visto lesionadas sus vidas y las de sus familias por actos criminales, y que entendiblemente buscan un resarcimiento severo del daño sufrido. O sea, es un vulgar intento de lucro con el dolor ajeno. Ya se ha señalado por más de un analista al PVEM por oportunista debido a esta iniciativa, y no debería de sorprender del único partido ecologista del mundo que se alía con empresarios (que serían su adversario natural) y está de acuerdo en la pena de muerte. Si lo que baja la incidencia delictiva es un sistema consistente de impartición de justicia, lo que deberían hacer es buscar presupuesto para que las fuerzas de seguridad pública del país tuvieran salarios, equipo y capacitación suficiente para realizar sus labores; reformas que obliguen al poder judicial a actuar de forma honesta y expedita; y que se logren acuerdos entre fuerzas políticas para generar cooperación que devenga en inteligencia en contra de la generación de delitos. Todo eso es sumamente complicado y requiere de arduo trabajo. Inútil pedirlo a estos diputados.
Analista, consultor y asesor político. Especializado en temas de seguridad y protección civil. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales también por la UNAM. Cuenta con experiencia como asesor de evaluación educativa en México y el extranjero, funcionario público de protección civil y consultor para iniciativas legislativas.
Twitter: @AngelDorrego
Correo: adorregor@gmail.com
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