El exgobernador y la delgada línea entre lo público y lo privado

El exgobernador y la delgada línea entre lo público y lo privado

Derecho al Punto, por Alejandro Ortega Mayorga

Jueves 4 de septiembre del 2025

La reciente riña en la que se vio involucrado Francisco Domínguez Servién, exgobernador de Querétaro, encendió las redes sociales y obligó al propio exmandatario a salir públicamente a dar una declaración. Más allá de lo anecdótico, este caso abre una discusión jurídica interesante: ¿Qué límites existen entre la vida privada de un exfuncionario y el escrutinio público al que sigue sometido?

Jurídicamente, Domínguez ya no es servidor público, por lo que no tiene obligación legal de informar ni de rendir cuentas por hechos que no están vinculados al ejercicio de su cargo. La Constitución y la Ley de Responsabilidades Administrativas ya no lo alcanzan en este supuesto. Sin embargo, como figura política con proyección nacional, sigue en un espacio “híbrido”: su vida privada está protegida, pero el interés público sobre su persona no desaparece.

El derecho a la vida privada, reconocido en tratados internacionales y en la Constitución, implica que nadie puede ser obligado a exponer asuntos personales. No obstante, la práctica política en México muestra otra cosa: cuando se trata de exgobernadores, el silencio se interpreta como aceptación, y la presión mediática los obliga a “defenderse” aun sin deber legal de hacerlo.

Otro punto relevante es el derecho a la reputación. En México, este derecho se protege en la vía civil, bajo la figura del daño moral. Si alguien difunde hechos falsos que lesionen el honor o la imagen de una persona, incluso si es un exgobernador, puede exigir reparación. La libertad de expresión no es absoluta: encuentra límites cuando cruza hacia la difamación o la calumnia.

En conclusión, el caso de Domínguez refleja cómo en nuestro país la frontera entre vida privada y vida pública de los exfuncionarios es borrosa. Legalmente no tienen deber de aclarar nada, pero políticamente siguen atrapados en la obligación de hablar.

Derecho al Punto

Por Alejandro Ortega Mayorga
Fundador de OM Firma Legal

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