¿Cuál es el impacto de la Reforma Eléctrica?
El impacto de la Reforma Eléctrica en México está sumida en la incertidumbre.
El Congreso someterá a votación este domingo una reforma constitucional que podría echar por tierra la apertura del mercado que se registró en 2013. Morena necesita el apoyo de diputados de la oposición para que pase la Reforma Eléctrica.
El pasado 01 de octubre de 2021, el titular del Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar y adicionar Disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. Existe una polarización sobre el tema con posiciones a favor y en contra de la iniciativa.
La fracción parlamentaria de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados solo tienen 278 votos, con lo que no lograrán sacar adelante la Reforma Eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y actualmente se cabildea que diputados de la oposición apoyen el proyecto.
Ya existe una ley en este sentido, pero como ha sido recurrida en los tribunales ahora AMLO intenta consolidar los cambios mediante una reforma constitucional que tiene pocas posibilidades de prosperar, pero que, según alertan sus críticos, solo generará más litigios y menos inversiones.
Con la reforma de 2013 se liberalizó la generación y venta de electricidad para los grandes usuarios, aunque la CFE mantuvo el monopolio en distribución y en venta a particulares.
El actual presidente siempre dijo que la reforma de 2013 dejaba la puerta abierta a la corrupción y a la privatización de la CFE. Además argumenta que las compañías privadas -fundamentalmente estadounidenses y españolas- se beneficiaron de contratos, según él, fraudulentos.
López Obrador no quería que la CFE perdiera más dinero y propuso una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada en 2021, que garantizara al Estado la generación de al menos 54 % de la electricidad que necesita el mercado.
La normativa establece que la electricidad debe ser comprada primero a las plantas gubernamentales, las cuales se alimentan mayormente de combustibles fósiles como carbón, petróleo y diésel. Si aún hay demanda, la cubrirán las plantas privadas de energía renovable y gas natural.
La ley permite además revisar o incluso anular contratos suscritos con las empresas privadas y deja inoperativo al órgano regulador que actuaba de árbitro del mercado, y cientos de compañías acudieron a los tribunales por lo que consideraron una clara violación a la libre competencia.
Denunciaron también que se violaban acuerdos internacionales firmados por México. Estos litigios bloquearon temporalmente su aplicación, aunque siguen en curso.
De forma paralela, se intentó que la Suprema Corte declarara inconstitucional la ley, pero aunque la mayoría de sus integrantes estaba a favor no alcanzaron la mayoría necesaria para hacerlo.
Dado que la Ley de la Industria Eléctrica está parcialmente inoperativa, el Gobierno propuso una reforma constitucional exactamente en esa misma línea que consolidaría la rectoría de la CFE y las compañías estatales sobre el mercado energético.
Algunos de los argumentos en contra, sugieren que afecta negativamente la economía mexicana al atentar contra la certidumbre jurídica y el Estado de Derecho, mientras que, las opiniones a favor señalan el supuesto monopolio de la iniciativa privada.
La iniciativa al ser preferente tiene 30 días para ser aprobada en la cámara, de ahí se iría al Senado. A partir de la aprobación de la Ley de Industria Eléctrica, las autoridades SENER y SENACE, tienen 6 meses para emitir una regulación secundaria.
Este es un tema que no solo atañe a las industrias e instituciones, sino también a la sociedad. “La transición energética es una realidad en el mundo. México tiene que regresar al camino de la descarbonización”, concluyó nuestra Socia Líder de la Industria de Energía de Deloitte Legal, Valeria Vázquez.
Por AP, foto agencias
