Familias divididas, país fragmentado: el costo jurídico del fanatismo político en México

Familias divididas, país fragmentado: el costo jurídico del fanatismo político en México

Derecho al Punto, por Alejandro Ortega Mayorga

Martes 21 de octubre de 2025

En los hogares mexicanos se libra hoy una batalla silenciosa: la de las ideas políticas. Pero detrás de las discusiones familiares y los fanatismos partidistas se esconde un fenómeno más grave: la erosión del pensamiento crítico y el debilitamiento del Estado de Derecho.

En México, las discusiones políticas ya no se quedan en los congresos, los tribunales o las universidades; se instalan en la mesa del comedor, entre la sopa y el café. En miles de hogares se repite el mismo escenario: familiares que defienden con pasión lo indefendible, otros que se exasperan ante la terquedad, y un silencio incómodo que termina reemplazando el diálogo.

El problema no es la pluralidad de ideas —que es parte de toda democracia sana—, sino la sustitución del razonamiento por la lealtad partidista, del pensamiento crítico por el fanatismo. Hemos pasado de discutir principios, leyes o políticas públicas, a discutir “quién tiene la razón moral” o “quién apoya al pueblo”. La política, convertida en religión, ha contaminado el tejido familiar y social, y con ello, ha debilitado también al Derecho.

El país de las emociones políticas

Desde hace dos sexenios, México vive bajo una lógica emocional que ha desplazado al análisis técnico. Las conversaciones sobre economía, justicia o seguridad se definen no por datos, sino por percepciones moldeadas desde el poder.

Un ciudadano común discute sobre la Suprema Corte sin haber leído la Constitución; opina sobre inflación sin entender el presupuesto; y defiende o condena reformas judiciales sin haber revisado una sola exposición de motivos. Pero no lo hace por ignorancia voluntaria: lo hace porque el discurso oficial ha hecho creer que “opinar” equivale a “saber”.

Morena entendió algo que muchos partidos nunca comprendieron: el pueblo no busca razones, busca sentirse parte de algo. Y bajo esa lógica, el gobierno transformó la participación ciudadana en un espectáculo de aprobación masiva. Mientras más aplaudan, menos cuestionan. Y mientras menos cuestionan, más fácil es gobernar sin rendir cuentas.

El Derecho: víctima del fanatismo

El Derecho —que debería ser el equilibrio entre razón y justicia— ha sido arrastrado al terreno de las emociones. La ley dejó de ser un límite al poder para convertirse en un instrumento de legitimación.

En los últimos años hemos visto cómo se manipulan conceptos jurídicos para fines políticos:

• Se presenta la elección de jueces como un acto de “democracia popular”, cuando en realidad vulnera el principio de independencia judicial.

• Se eliminan fideicomisos bajo la bandera de “acabar con la corrupción”, pero sin mecanismos claros de fiscalización.

• Se reparten apoyos sociales sin diseño legal ni evaluación institucional, creando una red clientelar que depende emocionalmente del poder.

Y más recientemente, se han impulsado reformas que amenazan directamente las garantías constitucionales:

• La reforma a la Ley de Amparo, que pretende limitar el alcance de la suspensión para evitar que los ciudadanos frenen actos de autoridad, debilita el principal instrumento de defensa del pueblo frente al poder.

• La expansión de las facultades del SAT, que ahora puede vigilar y rastrear las compras y movimientos financieros de los ciudadanos, abre la puerta a un modelo de vigilancia fiscal que roza lo autoritario.

• La interconexión de bases de datos personales y biométricos entre instituciones —bajo el argumento de eficiencia— pone en riesgo el derecho a la privacidad y a la autodeterminación informativa, pilares del artículo 16 constitucional.

Estas reformas no son simples ajustes técnicos: son parte de una estrategia de control. Y lo más preocupante es que una parte de la población las celebra, creyendo que fortalecen al Estado, cuando en realidad lo que fortalecen es la capacidad del gobierno para vigilar, callar y castigar.

Es decir, el Derecho ha dejado de ser neutral. Se usa como escenografía de legitimidad. Y lo más peligroso: muchos ciudadanos, sin formación jurídica, lo celebran creyendo que así participan del cambio. No se dan cuenta de que el verdadero cambio ocurre cuando el poder respeta la ley, no cuando la reescribe a su conveniencia.

El espejismo económico

En este contexto, incluso los datos económicos se vuelven banderas partidistas. Se presume que México “va bien” porque la moneda se mantiene fuerte o porque el nearshoring promete inversión. Pero esa narrativa omite una verdad incómoda: el crecimiento no proviene de políticas públicas estructurales, sino de factores externos y temporales.

Mientras tanto, el país ha vivido uno de los mayores derroches de recursos públicos de su historia reciente. Los fondos y fideicomisos que sostenían ciencia, cultura, salud y desastres naturales fueron arrasados bajo la excusa de combatir la corrupción, cuando en realidad se trató de centralizar el dinero en manos del Ejecutivo, debilitando los contrapesos.

Y en paralelo, el huachicol fiscal —la red de facturación falsa y evasión organizada desde dentro del propio gobierno— se ha convertido en la estafa más grande del siglo. No se trata de delincuentes comunes: es una maquinaria de corrupción institucionalizada que opera con la complicidad de quienes deberían combatirla.

Así que, mientras el gobierno presume estabilidad, la realidad jurídica y económica del país revela otra cosa: instituciones débiles, finanzas maquilladas y una población adormecida por subsidios y propaganda.

El costo social del fanatismo

La consecuencia más grave no es económica, sino cultural.

México se está acostumbrando a vivir dividido entre quienes aplauden y quienes analizan, entre quienes creen y quienes cuestionan. Y esa división no solo destruye familias, también destruye el sentido de ciudadanía.

Porque cuando discutir política se vuelve un motivo de ruptura familiar, significa que la política ha dejado de ser instrumento de unión para convertirse en religión de fanáticos.

Y cuando la fe sustituye al razonamiento, el país deja de avanzar por convicción, y empieza a moverse por miedo o dependencia.

Reflexión final

No necesitamos más seguidores, necesitamos más ciudadanos.

La verdadera lealtad no es hacia un partido, sino hacia los principios del Estado de Derecho.

Podemos tener distintas ideologías, pero deberíamos compartir una sola exigencia: que el poder obedezca la ley, y que el pueblo piense antes de aplaudir.

México no se salvará con aplausos ni con becas. Se salvará el día que sus familias puedan volver a discutir política con argumentos, sin romperse, y con la madurez de entender que el disenso no es traición, sino la esencia misma de la democracia.

Derecho al Punto

Por Alejandro Ortega Mayorga

Abogado, fundador de OM Firma Legal. Columnista en temas de Derecho, política y sociedad.

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