Reelección en México ignora a la ciudadanía
La tasa de reelección es de 8%, según datos de 2017 y 2019 en 30 Congresos que llevaron a cabo este ejercicio.
Días antes de la emergencia sanitaria, los diputados federales aprobaron una reforma que les permitiría buscar su reelección en 2021, sin necesidad de pedir licencia.
No se trata sólo de un trámite, sino de preservar la dieta, continuar en el cargo y todo lo que éste conlleva: curul, vehículos, asesores, voz, voto, tribuna, es decir, un espacio de permanente proyección.
Sin embargo, el Senado se negó a respaldar esa idea y el obligado confinamiento caducó los tiempos del Congreso para fijar reglas, que ahora tendrán que definirse en el Instituto Nacional Electoral.
Una vez más, como sucedió en San Lázaro cuando parte de la oposición votó en contra de la propuesta de Morena, las posturas se dividen en torno de si se trata de un derecho o de un privilegio de los diputados el continuar en su curul mientras hacen campaña.
Pero aun cuando el INE resuelva el vacío legal, los conocedores del tema y potenciales protagonistas de la reelección parlamentaria se preparan para una batalla de litigios y controversias que terminarán definiéndose en el Tribunal Electoral federal.
Y es que el tema ha dividido a los Congresos locales, como lo documenta la consultoría Buró Parlamentario: códigos de 14 entidades obligan a los diputados aspirantes a la reelección a separarse de su cargo entre 60 y 90 días antes de la jornada electoral; en otros 12 estados pueden hacer campaña sin pedir licencia; mientras que en la CDMX, Tabasco, Oaxaca, Puebla, Guanajuato y Tamaulipas no existe ningún artículo que especifique si es compatible o no el proselitismo con el rol legislativo.
EL MAL INICIO
La Cámara de Diputados aprobó, el 18 de marzo, con apenas 254 votos, la ley que regularía la reelección legislativa. Al siguiente día, en medio de la incertidumbre que ya marcaba la emergencia sanitaria, el jefe de la mayoría morenista en el Senado, Ricardo Monreal, bateó el dictamen de San Lázaro y alegó que requería modificaciones. Pero la sana distancia se prolongó y los ajustes nunca llegaron.
Finiquitados los plazos para la regulación parlamentaria, el INE se prepara para una batalla que dividirá a sus consejeros entre quienes defiendan las reglas laxas que se avalaron en la Cámara baja y los promotores de una licencia para la campaña.
Mientras tanto, especialistas alertan del riesgo de que las curules se queden prematuramente vacías en el arranque de 2021.
VACIAR SAN LÁZARO
El expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde Ramírez, advierte que con la licencia obligatoria para los diputados que busquen reelegirse, se corre el riesgo de vaciar al Congreso durante la campaña electoral.
“Podríamos entrar a un nuevo problema: durante cinco meses la Cámara de Diputados se llenaría de suplentes, carentes del conocimiento y de la responsabilidad política de los propietarios”, alerta el director de Integralia Consultores.
Considera Ugalde Ramírez que los diputados federales no deberían pedir licencia para realizar sus actividades proselitistas cuando aspiren a repetir en el cargo. Y sostiene que la propuesta de Morena que no logró concretarse en el Senado contenía reglas razonablemente buenas.
“Qué mejor que los diputados sigan desempeñándose como legisladores mientras compiten por el voto de la reelección. La restricción que aplica para cargos ejecutivos no debería aplicar en los legislativos, porque cuando un presidente municipal busca reelegirse, claramente cuenta con recursos como tal. Pero en el caso de los legisladores no cuentan con una bolsa de dinero como los alcaldes. Y, por lo tanto, no aplica el principio de que se podría generar inequidad”, argumenta quien fuera el titular del entonces IFE en las elecciones de 2006.
Por esa razón y para evitar que, cada tres años, la Cámara de Diputados enfrente la inestabilidad de perder a varios de sus integrantes, Ugalde Ramírez se pronuncia en favor de conciliar las tareas legislativas con la campaña electoral.
Para formular las reglas pendientes, el INE cuenta con las experiencias estatales laxas y rigurosas, ambas validadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo el principio de que es responsabilidad de los Congresos locales definir sobre la aplicación o no de la licencia para los diputados candidatos.
Pero, a falta de una legislación secundaria sobre la reelección legislativa federal que, según el artículo 115 de la Constitución puede darse hasta por cuatro periodos consecutivos, se prevén controversias en torno a lo que decida el árbitro electoral.
Por lo pronto, las acciones de inconstitucionalidad presentadas por diputados locales a partir de 2016 se han resuelto en función a lo establecido por los congresos estatales.
De manera que la Corte ha validado los esquemas definidos por las legislaciones locales y el TEPJF ha seguido esos mismos criterios.
Sin embargo, en caso de que el INE establezca la licencia obligatoria para los diputados federales que pretendan repetir en el cargo, esto podría dar paso a recursos de inconformidad ante la SCJN y el TEPJF bajo el argumento de que la Constitución preserva el derecho a la reelección y por lo tanto a mantenerse en el Cámara hasta el final del periodo.
Pero también los recursos de revisión pueden provenir de quienes consideren que un diputado candidato tiene mejores condiciones de competencia que un aspirante sin cargo legislativo.
Otro punto que podría ser controvertido es el de los plazos de la licencia que los diputados tendrían que solicitar para irse de campaña, que a nivel local son de 60, 90 y hasta 120 días antes de la fecha de la elección.
“En caso de que el INE proponga la regla, a nivel federal, de que los legisladores tuvieran que renunciar al cargo, veremos muchas inconformidades y tal vez el Tribunal les dé a los legisladores el derecho de no renunciar a sus curules para poder postularse a una candidatura para reelegirse, al valorar que tienen derecho a ejercer su cargo”, prevé el director de la iniciativa Buró Parlamentario, Sergio Bárcena Juárez.
“Se anteponen dos cosas: el argumento a favor de que renuncie es que traen ventaja competitiva por su acceso a medios y recursos. Pero hay uno contrario: los representados tienen derecho a serlo durante todo el periodo por esa persona”, explica.
Para Bárcena, los diputados pueden alegar que sus derechos políticos se vulneran al interrumpir su labor representativa por buscar una reelección que también es un derecho. Y alerta que otro punto de tensión que podría saturar de reclamos al Tribunal Electoral es la negativa del partido a las aspiraciones de los diputados a volver a competir por el cargo. “Si el partido no les quiere dar la candidatura, habrá diputados que impugnarán”, prevé.
EL PODER DE PARTIDOS
Frente a esas lagunas legales, otro punto que deberá ser regulado por el INE son los tiempos en que los legisladores tendrán que anunciar su deseo de buscar la reelección, mismo que estará siempre determinado por los partidos, ya que éstos son los que deberán definir si los nominan o no.
“Aquí se debe de establecer, con claridad, los tiempos en que los aspirantes a la reelección deben expresar su deseo de hacerlo y cuál es el mecanismo mediante el cual los partidos políticos van a palomear o rechazar ese deseo. O bien, si habrá elecciones primarias internas para definir quiénes de los que buscan reelegirse pueden hacerlo, pero sujetos a una competencia interna con otros que no son diputados, pero que también quieren ser nominados a una posición legislativa”, prevé Ugalde.
POCOS PUEDEN
Bárcena Juárez señala que el foco de las leyes en torno de la reelección se ha centrado en los diputados y en los partidos, olvidando a los ciudadanos.
Y ante la pregunta de si está funcionado la reelección como mecanismo de control ciudadano, el investigador de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey ofrece las cifras derivadas del seguimiento que ha hecho de las experiencias estatales.
“Entre 2017 y 2019, de 30 Congresos cuyos integrantes se pudieron reelegir, con un total de 1,006 diputados locales, 284 legisladores lo intentaron, es decir 28%. De estos 284, hubo 86 que tuvieron éxito, equivalente a 30%”, detalla.
“Si se compara la cantidad de legisladores que se reeligieron con el universo total de 1,006 diputados en las asambleas locales, sólo mantuvo su lugar 8% de los legisladores locales”, destaca.
Para el especialista, se trata de una cifra muy baja frente a la tasa de reelección legislativa cercana al 90% de Estados Unidos.
Bárcena considera que se trata de un porcentaje muy reducido, que pone en duda la aspiración de la reforma que le dio origen a esta posiblidad: darle poder al ciudadano frente a la clase política, haciendo de la reelección un mecanismo para premiar o castigar a los diputados.
Al revisar lo sucedido en entidades federativas, destaca los casos exitosos de Nuevo León y Guanajuato, donde 60% y el 75% de sus legisladores consiguieron reelegirse.
Por otra parte, el director de Buró Parlamentario considera que el hecho de que la tasa de éxito de la reelección, a nivel estatal, sea de 30 por ciento, también es un indicador de que en la competencia el seguir siendo legisladores mientras se hace campaña, no representa una ventaja considerable con respecto a los candidatos que no son diputados.
Doctor en Ciencia Política por la UNAM, explica que las bajas tasas de reelección se explican porque en México no existe una institucionalización de la carrera legislativa y las diputaciones son vistas como un eslabón para buscar una alcaldía, una gubernatura o una senaduría.
Para Ugalde, debido a la apatía que caracteriza al electorado, con una baja calidad democrática, la reelección no representa un mecanismo de empoderamiento del ciudadano, propósito que alimentó el impulso de esta medida en 2012. “Porque aunque los medios de comunicación y los organismos de la sociedad civil se dediquen a analizar el desempeño parlamentario, a evaluar a los diputados y a exigir cuentas, la verdad es que el voto promedio del elector en México no se guía por ese tipo de factores”, revisa.
POR: IVONNE MELGAR / Excélsior