Una reforma fiscal disfrazada: los riesgos de la nueva Ley de Amparo

Una reforma fiscal disfrazada: los riesgos de la nueva Ley de Amparo

Derecho al Punto, por Alejandro Ortega Mayorga

Lunes 6 de octubre de 2025

En los últimos meses se ha discutido con intensidad la reforma a la Ley de Amparo. Desde la tribuna política se vende como un esfuerzo por “democratizar la justicia” y evitar que los grandes intereses económicos utilicen el juicio de amparo como escudo contra las decisiones del Estado. Sin embargo, al analizarla con detalle, el trasfondo es otro: estamos ante una reforma fiscal disfrazada, que restringe derechos bajo la retórica de la equidad, pero que en realidad busca blindar la recaudación y ampliar los márgenes de discrecionalidad gubernamental.

El interés legítimo reducido

Uno de los pilares de la reforma es la redefinición del interés legítimo para acudir al juicio de amparo. Bajo el argumento de que este recurso se ha “abusado” para frenar obras públicas o disposiciones fiscales, se limita la capacidad de los ciudadanos y empresas para impugnar actos que, aunque no los afecten directamente en lo patrimonial, sí tienen repercusiones en derechos colectivos. Con ello, se le quita al amparo su naturaleza de instrumento de control constitucional y se le reduce a una herramienta individualista, más limitada y menos efectiva.

Suspensiones: adiós al freno judicial

Otro aspecto central es la regulación de las medidas cautelares. El amparo ha sido históricamente un freno para actos de autoridad que podían ocasionar daños irreparables. La reforma endurece los requisitos para conceder suspensiones, sobre todo en materia fiscal y administrativa. En los hechos, esto significa que los contribuyentes deberán pagar primero y litigar después, aun cuando la contribución sea ilegal o excesiva. El principio de no confiscatoriedad se convierte en letra muerta.

Retroactividad disfrazada de legalidad

Aunque se mantiene en el discurso la prohibición de la retroactividad, en la práctica se abre la puerta a que normas fiscales con efectos pasados se apliquen bajo el argumento de “interés público superior”. Sin embargo, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo prohíbe expresamente, al establecer que “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.

Aprobar una reforma con esas características erosionaría una vez más la seguridad jurídica, la legalidad y el Estado de derecho, pilares esenciales del sistema constitucional mexicano. Sin certeza sobre la aplicación temporal de la ley, la ciudadanía queda a merced de interpretaciones políticas, no jurídicas.

La UIF y el riesgo de la extorsión institucional

La reforma también fortalece el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dándole mayor margen para bloquear cuentas y operaciones, limitando los cauces de defensa inmediata vía amparo. Esto coloca a empresarios y a la inversión privada en una posición vulnerable frente a decisiones discrecionales de la autoridad financiera, lo que en la práctica abre la puerta a escenarios de extorsión institucionalizada.

Un Poder Judicial de obediencia

Quizá el aspecto más preocupante es la instauración de un nuevo modelo de jueces, bautizados ya en la opinión pública como “jueces del bienestar”. Con ellos, el acatamiento ciego a las reformas se convierte en mandato implícito: no habrá contrapeso real frente a las decisiones del poder político. La independencia judicial, que es la esencia del amparo como garantía, se debilita hasta el riesgo de desaparecer.

Una regresión histórica

La reforma se presenta como un avance, pero en realidad es una regresión. El juicio de amparo nació en México para garantizar derechos frente al poder, no para fortalecer la capacidad del Estado de recaudar, cobrar o sancionar sin límites. Convertir al amparo en un trámite restringido, condicionado y fiscalizado significa retroceder décadas en la construcción de un auténtico Estado de derecho.

En conclusión, lo que se nos presenta como una “democratización del amparo” no es más que una reforma fiscal disfrazada, que busca asegurar ingresos y controlar disidencias jurídicas. La paradoja es que, en nombre de la justicia social, se está desmantelando la herramienta más importante que tenemos los ciudadanos para defendernos del abuso de autoridad.

El día que el amparo deje de protegernos del poder, el Estado habrá dejado de ser de derecho para convertirse en un Estado de permiso. Y cuando la legalidad dependa de la voluntad del gobierno, la libertad dejará de ser un principio para convertirse en un privilegio.

Derecho al Punto

Por Alejandro Ortega Mayorga
Fundador de OM Firma Legal

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