Aprueban el dictamen en materia de reforma al Poder Judicial local
En Sesión de Pleno de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro se aprobó en lo general y en lo particular el dictamen en materia de reforma al Poder Judicial local
En Sesión de Pleno de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro, previo al desahogo del orden del día, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada María Georgina Guzmán Álvarez, informó que en sesión de la mesa del 20 de marzo de 2026, se aprobó licencia por solicitud expresa del diputado Enrique Antonio Correa Sada para separarse del cargo en el periodo comprendido del 27 de marzo al 9 de abril del 2026, por lo que conforme a lo establecido en los artículos 17, fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, 23 fracción III y párrafo III; 124, fracción III; 30, párrafo V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, asimismo que en sesión de Mesa Directiva de fecha 25 de marzo de 2026, se tomó protesta al diputado suplente León Rangel Mendoza, quien a partir de este momento ocupa la curul correspondiente como integrante de la Sexagésima Primera Legislatura del estado.
Posterior a dar lectura a las comunicaciones oficiales y su respectivo turno a comisiones, se dio cuenta del Dictamen de la “Iniciativa de Decreto que modifica, adiciona y deroga diversos Artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, en Materia de Reforma del Poder Judicial” y la “Iniciativa de Ley en Materia de Reforma Judicial del Estado de Querétaro que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro y Ley Electoral del Estado de Querétaro, Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y que abroga y crea la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro”; presentado por las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y Puntos Constitucionales, mismo que fue aprobado en lo general y en lo particular.
La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Georgina Guzmán Álvarez, informó que la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Querétaro se erige en Constituyente Permanente para los efectos del artículo 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro.
En los considerandos del dictamen, se señala que la presente reforma se basa en el principio de que una Constitución, como texto supremo de una comunidad política, debe actualizarse y mantenerse con un contenido preciso y conciso.
En el caso de las Constituciones Estatales, deben respetarse los derechos fundamentales y las instituciones jurídicas establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando reproducciones innecesarias, con el fin de garantizar su cumplimiento y respetando siempre el principio de Supremacía Constitucional.
Asimismo, que los integrantes de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales, tras valorar y analizar las iniciativas presentadas y emplear una técnica legislativa adecuada, decidieron priorizar, por el momento, la reforma al texto constitucional sobre las propuestas relacionadas con la legislación secundaria. Dicha legislación secundaria será parte del análisis en el continuo proceso de preparación que culminará con las elecciones conducentes y con las previsiones legislativas correspondientes.
Al someterse a discusión el dictamen, solicitaron el uso de la voz las y los legisladores Claudia Díaz Gayou, Guillermo Vega Guerrero, Laura Andrea Tovar Saavedra, Perla Patricia Flores Suárez, Eric Silva Hernández, Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, Juliana Rosario Hernández Quintanar, Homero Barrera Mcdonald, Teresita Calzada Rovirosa, Mauricio Cárdenas Palacios y Edgar Inzunza Ballesteros.
Durante su intervención, la diputada Claudia Díaz Gayou enfatizó que el dictamen no es una reforma de transformación, porque dijo, es un dictamen construido desde el poder panista para conservar el poder, y construido con las mismas prácticas de siempre, ya que a su consideración no se abre el Poder Judicial, y se ponen candados para que sólo puedan participar los de siempre; además de ser un dictamen que tiene elementos cuestionables en su constitucionalidad.
“Se están dejando vacíos para que después en leyes secundarias se pueda controlar lo que hoy no se atreven a decir abiertamente; porque ese es el fondo del problema, lo importante no lo están poniendo en la Constitución; lo mandan a leyes secundarias, que mañana con menos votos, menos consenso, puedan cambiar las reglas a conveniencia. (…) Mi voto será en contra de este dictamen panista, porque no incluyó las propuestas que la mayoría de los integrantes de la 4T presentamos en nuestras iniciativas”.
Para hechos, el diputado Guillermo Vega Guerrero señaló que aunque desde el inicio los diputados del PAN no estuvieron de acuerdo con la reforma judicial a nivel federal, hoy tienen que cumplir la ley y están obligados a llevar a cabo este proceso de reforma en Querétaro, por lo que apuntó que esta reforma se construyó escuchando las diferentes voces, incluido el Poder Judicial. “Esta reforma local tiene todo lo que la reforma federal estableció:
Elección popular de personas juzgadoras, jueces y magistrados serán electos por votos ciudadanos, uno de los grandes puntos que estableció esa reforma; la sustitución del Consejo de la Judicatura por dos órganos más, el Órgano de Administración Judicial y el de Disciplina Judicial.
La separación, por ende, de funciones administrativas y jurisdiccionales para evitar concentración de poder; procesos de selección mediante Comités Técnicos con criterios de mérito, transparencia y paridad, claro que nos interesa en Querétaro a todas y a todos, que quienes libremente participen, pues sí cuenten con los requisitos y sí cuenten con los conocimientos.
Participación de los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la postulación de candidaturas, garantizado en el dictamen; homologación de requisitos conforme a la Constitución federal; garantía de independencia judicial, mediante remuneración irrenunciable y protección salarial; límite salarial ajustado al titular del Poder Ejecutivo federal; y, restricción de fideicomisos y fondos no previstos en la ley para fortalecer la transparencia”.
En su participación, la diputada Andrea Tovar Saavedra pidió ser responsables con las promesas que hicieron en campaña y con el movimiento que representan ya que, indicó, si no avanzan con la reforma en lo general, se quedarán sin materia legislativa.
“Las reservas son precisamente el momento y el lugar en donde podemos ajustar y debatir de fondo todo lo que haya que ajustar y debatir, lo demás es un posicionamiento meramente político. Pretender frenar ahora la reforma es solamente bloquear la sistemáticamente y sería incumplir con la responsabilidad que tenemos con el pueblo de Querétaro, de que las jueces y los jueces, las magistradas y los magistrados sean electos por voto popular.
Los ajustes que hay que hacer, los invito a que lo hagamos en las reservas; todo lo demás son posicionamientos que pretenden bloquear lo que hoy tenemos el compromiso de sacar, que es una reforma al Poder Judicial, que se trabajó en mesas, que se dialogó, que se consensó. Yo invito a todas mis compañeras y mis compañeros legisladores a que seamos responsables con el proceso legislativo y a que atendamos las causas de fondo en donde las tenemos que atender, que es precisamente en las reservas que se pueden hacer al dictamen”.
Por su parte, la diputada Perla Flores Suárez expresó que la reforma del Poder Judicial que hoy se vota, no es un hecho aislado, sino parte de un proceso amplio que vive el país impulsado desde hace años por la convicción de que la justicia debe dejar de ser un privilegio y convertirse verdaderamente en un derecho al alcance de todas y todos. “Desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, acompañamos esta reforma porque compartimos este objetivo, construir un sistema de justicia más cercano a la gente, más transparente y más confiable.
Reconocemos que esta iniciativa incorpora elementos fundamentales que han sido planteados a nivel nacional, como la elección de personas juzgadoras y la reconfiguración de los órganos internos del Poder Judicial. Son cambios profundos que responden a una exigencia social legítima, que quienes imparten justicia también rindan cuentas al pueblo. Al mismo tiempo, es importante decirlo con claridad, toda transformación de esta magnitud siempre es perfectible”.
En su momento, el diputado Eric Silva Hernández resaltó que el dictamen a todas luces busca simular que se hará una elección del Poder Judicial; insistió que a nivel local es un acto de simulación que apoya solo a unos cuantos, y que el Poder Judicial debe ser cercano al pueblo que imparta justicia e igualdad para todas y todos, no uno para ricos y otro para pobres. Agregó que dicho dictamen fue hecho al vapor y con prisas.
“El Poder Judicial debe de ser expedito, debe de ser responsable y libre de corrupción; tenemos que tener un Poder Judicial que no responda a los intereses de los poderosos. (…)
El cambio del Poder Judicial no debe de ser un capricho, debe de ser una realidad innegable, que tenemos que quitar todos los privilegios y toda la corrupción dentro de estas instituciones, ese es el alma, esa es la esencia de lo que venimos a buscar, pero aquí es justamente lo que el Partido Acción Nacional quiere conservar”.
Al hacer uso de la voz, el diputado Sinuhé Piedragil Ortiz coincidió que con esta reforma, sean precisamente los ciudadanos quienes decidan a sus juzgadores, y que ahora los tres Poderes del estado van a ser sometidos al escrutinio del pueblo de México lo que, dijo, es un gran avance.
“Parte de los mecanismos de selección es que podamos tener esos comités de selección; y bueno, tuvimos una expertis el año pasado con estos comités encarados en los tres poderes a nivel federal, y hay que anunciarlo también: la comisión dictaminadora del Poder Judicial fue omisa en su momento, yo espero que no caigamos nosotros también en ser omisos con esta operación de esta comisión dictaminadora. (…)
El artículo 28 en particular, ahí se hace mención de cómo estos comités van a estar por encima de esta institución del Poder Judicial, van a colaborar, y es un tema que en lo personal cuide mucho, porque parecía que en la primera redacción estaba por encima de estos comités de selección, y que si en una discusión con el Poder Judicial en este tema, con la propuesta del Ejecutivo estatal, se dio con mucha claridad que esta instancia judicial solamente colabora en el sentido de esta comisión dictaminadora”.
Durante su intervención, la diputada Juliana Hernández Quintanar mencionó que la votación del día de hoy evidencia una democracia, porque aunque hay muchas diferencias, después de meses de discusiones y trabajo se llegó a un acuerdo a pesar de que, dijo, en lo personal no acompaña la idea de llevar la función jurisdiccional a una lógica de competencia electoral.
“Se cumplió con el deber de analizar con profundidad, de adaptar con responsabilidad y, en su caso, de corregir aquello que no correspondía a las necesidades y al estilo de nuestro estado, un estilo de eficiencia y un estilo de profesionalismo. (…)
En esta reforma hay un punto clave, que para muchos ha sido muy debatible y que no les gusta, y que para mí es un no negociable de por qué acompaño esta reforma, y es la Escuela de Formación Judicial, Capacitación, Certificación y Actualización de los Juzgadores, la carrera judicial hoy se establece bajo principios de excelencia, imparcialidad y objetividad”.
Al hacer uso de la palabra, el diputado Homero Barrera Mcdonald, aseveró que la Cuarta Transformación da un paso más en Querétaro y agradeció las aportaciones de las y los técnicos que trabajaron en dicha reforma, así como a especialistas del Poder Judicial local y de la Consejería Judicial del Gobierno federal, encabezada por la jurista Estela Damián Peralta, con la finalidad de salvaguardar, dijo, la esencia de la reforma judicial federal.
“Hoy puedo asegurar que le estamos cumpliendo a Querétaro y que por fin estamos a punto de traer un anhelo promovido desde la Cuarta Transformación, que es la democratización del Poder Judicial y donde ya no será el gobernador, ni los grupos de poder quienes elijan a los juzgadores; ahora será el pueblo de Querétaro, quien a través de su voto directo, secreto y personal, elija a los que estarán impartiendo justicia en nuestro estado.
Quiero destacar, varios puntos que han sido fundamentales para la realización de esto que votaremos el día de hoy, número uno y primero de ello, es muy importante que la totalidad de los cargos de jueces y magistrados serán puestos elección de voto popular el próximo año 2027; la insaculación para selección de perfiles, destacó que esto se plasma puntualmente en el artículo 28 apartado B de la fracción cuarta, la cual permitirá que una vez cubiertos los requisitos, será por insaculación que se determine en los perfiles que van a la boleta, tal como se hizo en el ámbito federal”.
Quien también emitió su posicionamiento a favor del dictamen, fue la diputada Teresita Calzada Rovirosa. Refirió que como coordinadora del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano también aportaría argumentos jurídicos y técnicos a dicha reforma, mediante una reserva particular al mismo.
En su momento, el diputado Mauricio Cárdenas Palacios resaltó que si bien la Constitución federal establece lineamientos generales, no se puede perder de vista que cada entidad enfrenta realidades distintas en el acceso a la justicia. Afirmó que el rezago, la desigualdad y las condiciones territoriales los obligan a pensar estos cambios desde lo local, con responsabilidad y conocimiento con causa, y que hacerlo bien es lo verdaderamente importante. “No se trata sólo de armonizar normas, sino de asegurarnos de que estos cambios realmente fortalezcan al Poder Judicial, que garanticen su independencia y que generen confianza en la ciudadanía.
Uno de los puntos que más preocupa es la elección por voto directo de quienes integran el Poder Judicial, desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, creemos que la justicia no debe depender de la popularidad, sino de la preparación, la trayectoria y la autonomía de quienes tienen la responsabilidad de juzgar. (…)
La discusión sobre la austeridad debe abordarse con responsabilidad, coincidimos en que el ejercicio del poder público debe ser austero, pero hay una línea que no se puede cruzar, ahorrar no puede significar debilitar, porque cuando se compromete la calidad institucional o se pierde talento, lo que se debilita no es una estructura, es la capacidad del Estado para impartir justicia”.
Al hacer uso de la tribuna, el diputado Edgar Inzunza Ballesteros, afirmó que como Grupo Legislativo de MORENA acompañan el dictamen que hoy se somete a votación, con la convicción de que el trabajo que hoy se culmina, dijo, no es producto de la improvisación, sino el resultado de un proceso serio, responsable y constante, construido a través de mesas de diálogo; agregó que se trata de un esfuerzo colectivo que ha tenido como eje central preservar el espíritu de la reforma al Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento del mandato de la Constitución, particularmente en el artículo 116, para que Querétaro no se quede atrás en esa transformación de fondo.
“Quiero agregar que nuestro trabajo no concluye aquí, seguiremos atentos y comprometidos en la construcción de las leyes secundarias para asegurar que nada quede al margen y que el espíritu de esta reforma no se distorsione en su implementación. (…) Hoy también lo afirmo con certeza y convicción, seguiremos cumpliendo, deseando que a Querétaro llegue la política humanista y progresista que impulsamos desde nuestro movimiento”.
En ese sentido, el diputado Eric Silva expresó: “Nada más aclarar, el coordinador de Morena dice que toda la fracción vamos adelante. Bueno, en este caso decirle que no es así del todo. La realidad es que hubiera estado muy bien el haber podido platicar y consensuar todas estas reservas que vamos a llevar a cabo para que hubieran sido integradas en el dictamen. (…) Quiero aclarar, no estamos en contra de la reforma al Poder Judicial, estamos en contra de ciertas cuestiones que se van a meter en el tema de reservas; si esto no se logra dar, bueno, pues ni modo, las posturas serán claras”:
Posteriormente, una vez que se aprobó el dictamen en lo general, se presentaron reservas por los legisladores Arturo Maximiliano García Pérez, Claudia Díaz Gayou, Eric Silva Hernández y Teresita Calzada Rovirosa.
El diputado Arturo Maximiliano García Pérez propuso una adición de párrafos III y IV al artículo Cuarto Transitorio, reserva que fue aprobada de la siguiente manera: “En caso de que alguno o alguna de las magistradas y magistrados en funciones por cualquier motivo, se separaren de manera definitiva del cargo antes de la entrada en funciones de las magistradas y magistrados electos en términos de la presente ley, la Legislatura del Estado, por mayoría calificada de dos terceras partes de sus integrantes, designará a las magistradas y magistrados que deban ocupar dichas vacantes, previa propuesta del Consejo de la Judicatura.
Las personas designadas para desempeñar el encargo descrito en el párrafo que antecede, deberán cumplir los requisitos que se establecen en el artículo 28 de la presente ley y durarán en su encargo hasta el 30 de septiembre de 2027, sin que puedan ser incorporados de manera directa a los listados de candidaturas que se remitan a la Legislatura para el proceso electoral ordinario del año 2027, sin perjuicio de que en caso de cumplir con los requisitos puedan registrarse como candidatos en términos de lo dispuesto por esta ley”.
La diputada Claudia Díaz Gayou propuso las siguientes reservas, las cuales una vez votadas, fueron rechazadas:
Adición de tres párrafos al artículo Segundo: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales.
Las leyes preverán las cuantías y supuestos en materia tributaria, en los cuales los tribunales administrativos, los juzgados, o en su caso, el pleno del Tribunal Superior de Justicia deberán resolver en un plazo máximo de seis meses contados a partir del conocimiento del asunto por la autoridad competente.
En caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca el asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Querétaro y justificar las razones de dicha demora, o en su caso, dar vista al Órgano Interno de Control, tratándose de titulares administrativos”.
La segunda reserva es de conformidad al último párrafo del artículo 27. “El Tribunal Superior de Justicia tendrá un presidente que será el representante legal del Poder Judicial. La presidencia se renovará cada dos años y será ejercida de manera sucesiva por las magistradas y magistrados que integren el Tribunal Superior de Justicia conforme al orden decreciente de la votación obtenida en la elección respectiva”.
La tercera reserva, de conformidad al artículo 28, párrafos y fracciones I del apartado A, y fracciones V y VI del apartado B, así como adición de tres párrafos al artículo 28. “Para todos los cargos de elección dentro del Poder Judicial del Estado de Querétaro, estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona, de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar a las personas candidatas. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna. La duración de las campañas para los cargos señalados en el presente artículo será de 60 días y ningún caso habrá etapa de precampaña. La ley establecerá las modalidades de las campañas, así como las restricciones y sanciones aplicables a las personas candidatas o servidoras públicas, cuyas manifestaciones o propuestas excedan o contravengan los parámetros constitucionales ilegales.
Las personas que hayan ocupado el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, juez Magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial no podrán dentro de los dos años siguientes a la conclusión de su encargo, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial del estado.
La cuarta reserva, referente a la adición de nueve párrafos y modificación al párrafo relativo a la integración del Pleno del Órgano de Administración Judicial del artículo 30. “El Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Querétaro funcionará en pleno y en comisiones. El pleno será la autoridad revisora y resolverá en segunda instancia. Podrá ordenar oficiosamente o por denuncia el inicio de investigaciones, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos, ordenar medidas cautelares y de apremio, y sancionar a las personas servidoras públicas que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de los asuntos que la ley determine.
El Tribunal desahogará el procedimiento de responsabilidades administrativas en primera instancia, a través de comisiones conformadas por tres de sus integrantes, que fungirán como autoridad substanciadora o resolutora en primera instancia. Sus resoluciones podrán ser impugnadas ante el pleno que resolverá por mayoría de cuatro votos en los términos que señale la ley. Las decisiones del tribunal serán definitivas, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de éstas.
El tribunal podrá dar vista al Ministerio Público competente ante la posible comisión de delitos y sin perjuicio de sus atribuciones sancionadoras, solicitar el juicio político de las personas juzgadoras, electas por voto popular ante la Legislatura del Estado, en los casos que proceda conforme a esta Constitución y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El tribunal evaluará el desempeño de las juezas y jueces que resulten electos en la elección estatal que corresponda durante su primer año de ejercicio. La ley establecerá los métodos, criterios e indicadores aplicables a dicha evaluación. La ley señalará las áreas intervinientes de los procesos de evaluación y seguimiento de resultados garantizando la imparcialidad y objetividad de las personas evaluadoras, así como los procedimientos para ordenar las siguientes medidas correctivas o sancionadoras cuando la evaluación resulte insatisfactoria.
Punto A. Medidas de fortalecimiento. Consistentes en actividades de capacitación y otras pendientes a reforzar los conocimientos o competencias de las personas evaluadas, a cuyo término se aplicará una nueva evaluación.
B. Cuando las personas servidoras públicas no acrediten favorablemente la evaluación que derive de las medidas correctivas, ordenadas o se niegue a acatarlas, el Tribunal podrá ordenar su suspensión de hasta un año y determinar las acciones y condiciones para su restitución; transcurrido el año de suspensión sin acreditar satisfactoriamente la evaluación, el Tribunal resolverá de manera fundada y motivada la destitución de la persona servidora pública, sin responsabilidad para el Poder Judicial.
Cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Querétaro, hechos que pudieran ser objeto de responsabilidad administrativa o penal cometidos por alguna persona servidora pública del Poder Judicial del estado, incluyendo magistrados o jueces, a efecto de que se investigue y en su caso, sancione la conducta denunciada.
El Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Querétaro conducirá y sustanciará sus procedimientos de manera pronta, completa, expedita e imparcial conforme al procedimiento que establezca la ley. El pleno del Órgano de Administración Judicial se integrará por cinco personas que durarán en su cargo seis años y prorrogables, de las cuales: una será designada por el personal titular del Poder Ejecutivo; una por la Legislatura del Estado mediante votación calificada de dos terceras partes de sus integrantes; tres por el pleno del Tribunal Superior de Justicia, por mayoría calificada de dos terceras partes de sus integrantes.
El Órgano de Administración Judicial contará con independencia técnica y de gestión, y será responsable de la administración y carrera judicial del Poder Judicial del Estado; tendrá a su cargo la determinación del número, división en distritos, competencia territorial y especialización por materias de los juzgados; el ingreso, permanencia y separación del personal de carrera judicial y administrativo, así como su formación, promoción y evaluación de desempeño. La inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo del Poder Judicial y las demás que establezcan en las siguientes leyes”.
En su oportunidad, el diputado Eric Silva Hernández formuló las siguientes reservas, mismas que también fueron rechazadas.
Reserva al artículo 28, inciso II. “Cada Poder integrará un Comité de Evaluación conformado por tres personas de reconocido prestigio en la actividad jurídica, cuya designación deberá observar el principio de paridad de género; los comités de evaluación establecerán mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos y accesibles para recibir y evaluar los expedientes de las personas aspirantes. La escuela de formación judicial podrá emitir observaciones y recomendaciones de carácter técnico, no vinculantes, dirigidas a los comités de evaluación, sin participar en la evaluación directa de las personas aspirantes, ni en la integración de los listados de candidaturas”.
Propuesta al inciso VI: “Regularán y desarrollarán las facultades, estructura y funcionamiento de la escuela de formación judicial del estado que será un órgano auxiliar del Órgano Administrativo Judicial, con autonomía técnica y de gestión que coadyuvará en el diseño e implementación de los procesos de formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización de todas las personas aspirantes e integrantes del Poder Judicial del estado, así como de las personas auxiliares del sistema de justicia. En el marco del proceso de selección de las candidaturas judiciales, la escuela podrá emitir observaciones y recomendaciones de carácter técnico, no vinculantes, dirigidas a los comités de evaluación”.
Reserva al artículo 30, párrafo VII: “Las magistradas y los magistrados, incluyendo a las y los del Tribunal de Disciplina Judicial y las juezas y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, lo cual no podrá ser mayor a la establecida para la persona titular de la Gubernatura del Estado de Querétaro en el presupuesto correspondiente, y no será disminuida durante su encargo”.
Reserva al artículo Cuarto Transitorio: “El periodo de las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial que resulten electas en la elección ordinaria del 2027, será de tres años para dos de las magistraturas, y de seis años para las tres restantes. Los periodos que correspondan a cada cargo se determinarán en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo el periodo mayor a quienes alcancen mayor votación; lo anterior a efecto de dar cumplimiento del mandato de sustitución escalonada, establecido el artículo 30 de esta Constitución y en el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Al hacer uso de la tribuna del Pleno, la diputada Teresita Calzada Rovirosa propuso reservas, al artículo 30 Séptimo párrafo y a los Transitorios Cuarto y Séptimo, mismas que también fueron rechazadas.
Artículo 30: “Las magistradas y los magistrados, incluyendo a los del Tribunal de Disciplina Judicial y las juezas y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser mayor a la establecida por la persona Titular de la Presidencia de la República, y no será disminuida durante su encargo”.
Propuesta de redacción al Cuarto Transitorio: “El periodo de las magistradas y magistrados que resulten electos en la elección ordinaria del 2027, durará seis o nueve años, por lo que seis de las magistraturas tendrán un nombramiento por un periodo de seis años, y por nueve años para el resto. Los periodos que correspondan a cada cargo se determinarán en función del número de votos que obtenga normativa que para tal efecto se expida.
Las magistraturas y los magistrados, juezas y jueces que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de la presente ley, continuarán en su encargo hasta el 20 de septiembre de 2027”.
Respecto al Séptimo Transitorio: “Las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Poder Judicial del Estado de Querétaro que estén en funciones al momento de la entrada en vigor y operación de la presente, no podrán ser mayores a las establecidas por las personas titulares de la Presidencia de la República, acorde al presupuesto correspondiente, por lo que éstas deberán sujetarse a los parámetros establecidos sin responsabilidad para el Poder Judicial del Estado de Querétaro. Las personas servidoras públicas del Poder Judicial del estado recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, sin que pueda ser disminuida durante su encargo, con excepción de lo señalado en el párrafo anterior”.
Una vez que fueron votadas las reservas formuladas, y que el dictamen quedó aprobado en lo general y en lo particular, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Georgina Guzmán Álvarez, instruyó que se remita a los Ayuntamientos de los 18 municipios del Estado de Querétaro para continuar con el trámite legislativo, y como parte del Constituyente Permanente.
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