La necesidad del INE y los órganos autónomos
La necesidad del INE y los órganos autónomos en México
Por Ángel Dorrego.– En los últimos días, el tema que ha llenado la agenda periodística nacional se ha decantado, en gran parte, a la elección de cuatro nuevos consejeros electorales para el Instituto Nacional Electoral, INE. Este tema, que debería ser un proceso normal dentro de una democracia, se ha visto cuestionado debido a la desconfianza que le profesa el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, a la cual han hecho eco múltiples actores del partido político en el que milita, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Y no se han referido sólo al INE, ya que el presidente ha declarado en sus conferencias matutinas que los organismos constitucionales autónomos representan una enorme erogación para el presupuesto sin arrojar resultados a favor del pueblo, sea los que se dedican a la correcta aplicación de leyes de competencia sectorial o aquellos que se enfocan en el apoyo a grupos vulnerables de nuestra sociedad.
Me centraré en el caso del INE para ilustrar el espíritu que tienen esta clase de instituciones y por qué en los esquemas políticos actuales las contemplan para cumplir funciones complementarias de árbitro o contrapeso en el sistema político. Recordemos que hasta fines del siglo pasado, las elecciones en México eran organizadas por el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación. La legitimidad de los procedimientos colapsó en la percepción pública luego de que las elecciones de 1988 para la presidencia del país vieron cómo, en una competencia sumamente cerrada, se cayó el sistema de conteo de votos coincidiendo con la recuperación de la ventaja de parte del candidato oficialista. Así que se buscó que una institución independiente del gobierno federal organizará las elecciones sin la tentación de favorecer al partido en el poder. De ahí nació el Instituto Federal Electoral (IFE), hoy INE, que ha organizado las elecciones de forma mayoritariamente legítima e imparcial a la fecha, sin dejar pasar que ha habido altibajos, sospechas de partidización y errores de operación. Sin embargo, siguen siendo lo más cercano a elecciones transparentes y democráticas que tenemos.
Además, hay que agregar un punto importante: la disgregación del poder en distintos actores fue una de las primeras exigencias que tuvo lo que en la etapa contemporánea de la historia conocemos como izquierda política. Las ideas anti monárquicas de un nuevo ejercicio de la autoridad pública vino anticipada de las ideas de Rousseau, quien propuso que el poder debía corresponderse con la voluntad general de las personas; así como las de Montesquieu, que escribió acerca de la división de poderes, fragmentando las funciones públicas de autoridad en tres entes diferentes: quien hace las leyes, quien hace que se cumplan y quien juzga si se violaron. Lo que hoy conocemos como poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El centro de esta lógica se encuentra en limitar las funciones que una persona puede ejecutar una vez que se encuentra como depositario de la autoridad, generando contrapesos que limiten un actuar dañino o imprudente de un sólo actor sin tomar en cuenta a la colectividad, haciendo posible con esto formar una democracia operante y verdadera.
La revolución francesa tomó estos planteamientos como propios, y fueron defendidos por los jacobinos, cuerpo de filiación política que se sentaba a la izquierda de la asamblea francesa durante la revuelta. Es por eso que le decimos izquierda al pensamiento, agrupaciones y personas que tienen una vocación política que busca el cambio social con el fin de lograr un reparto justo y equitativo de los recursos en común entre sus participantes; clasificando por descarte a sus opositores como derecha, aquellos que buscan preservar el orden social y sus tradiciones, a veces sosteniendo el status quo y a veces buscando el regreso a un pasado visto bajo el lente del romanticismo. Así que las instituciones políticas modernas se impregnaron de ideas como la democracia y la pluralidad, en las cuales el ejercicio del poder se hace por ciudadanos que están en obligación de representar temporalmente al Estado, pero cuya actuación se encuentra bajo vigilancia de contrapartes en el andamiaje institucional que eviten el abuso de autoridad y que informen a la población del desempeño de los encargados de llevar la institucionalidad de la nación. Con sus bemoles en cuanto a desempeño de actores e instituciones, éste ha sido un logro histórico de las ideas que hoy clasificamos como de izquierda.
Sin embargo, muchas cosas han cambiado en poco más de dos siglos. Las instituciones públicas, siguiendo la vida e interconexión de las sociedades, han tenido que ampliar y actualizar tanto los actores como las funciones y capacidades de los organismos dedicadas a la limitación del ejercicio del poder. En muchos países de la civilización occidental no han tenido problemas en utilizar las instituciones existentes para conservar un sistema democrático que tiene satisfecha a la mayor parte de los actores políticos en este sentido. Pero ha habido casos donde la legitimidad se ha visto comprometida debido a que funcionarios e instituciones favorecen a sus partidarios desde el poder. Es así que nace la idea de organismos autónomos, lo cuales, a pesar de ser financiados con recursos públicos, no responden de forma directa a la autoridad establecida, sino que tienen sus propias vías (preferentemente transparentes) de elección de funcionarios y de generar operaciones imparciales. En resumen, son instituciones públicas que buscan que las autoridades establecidas también estén sujetas a escrutinio en asuntos como derechos humanos, rendición de cuentas y aplicación de criterios técnicos.
Como se puede ver, la idea básica de la existencia de este tipo de instituciones como el INE, radica en que el poder público no puede ser dirigido a discreción por una persona o un grupo. Existen mecanismos para vigilar su actuación y que no se extralimiten en el ejercicio de sus funciones. ¿Son caras? Cuestión de perspectivas, pero todo tiene un costo, y si se quiere un árbitro hay que pagar lo justo por aquel que nos garantice lo que se prometió. ¿Han servido a México? Los que hemos vivido el suficiente tiempo hemos visto la diferencia en cómo eran las cosas cuando no existían y cómo han cambiado en la actualidad. Ha habido muchas mejoras, que obviamente son perfectibles para evitar que se vuelvan a utilizar para hacer erogaciones innecesarias en el gasto público o un uso faccioso de sus funciones. Pero lo importante con los órganos autónomos es que se deja un andamiaje que vigila y limita el ejercicio del poder, porque desarmar dichos entes institucionales con la justificación de que el gobernante en turno es bueno y no abusará, es abrir la puerta para que el próximo regular o malo sí lo haga. Por eso hay que refinar nuestra institucionalidad en el siglo XXI, y no regresar unos cientos de años porque ya tenemos un rey bueno.
Por Ángel Dorrego
Analista, consultor y asesor político. Especializado en temas de seguridad y protección civil. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales también por la UNAM. Cuenta con experiencia como asesor de evaluación educativa en México y el extranjero, funcionario público de protección civil y consultor para iniciativas legislativas.
Correo para el público: adorregor@gmail.com
Twitter: @AngelDorrego
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