Más reformas Constitucionales para fortalecer el Poder Público

Más reformas Constitucionales para fortalecer el Poder Público

Tras La Verdad, por Héctor Parra Rodríguez

Viernes 3 de enero de 2025

Iniciando el año entraron en vigor 2 reformas a la Constitución que aumentan el poder represor del gobierno federal; una, a través de la prisión oficiosa más que obligatoria, quebrantando criterios internacionales que obligan al Estado Mexicano a eliminar esa prisión en la mayoría de los ilícitos que imputen a los acusados o acusadas.

La segunda reforma otorga el poder de investigación a las policías. Ya no es privativo del ministerio público, ahora la policía y la Guardia Nacional, por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional, podrá realizar investigaciones por presuntos actos delictivos. No definieron si también son coadyuvantes en materia de persecución del delito y delincuentes.

De tal suerte que los legisladores morenistas concedieron más atribuciones, más poder al Poder Ejecutivo federal.

Sí, a partir del 1º de enero de 2025, entraron en vigor reformas a los artículos 19 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las nuevas atribuciones dotan de mayor poder las facultades que la Constitución otorga a la titular del Poder Ejecutivo federal.

En palabras llanas y sencillas, para que entienda la o el amable lector, ambas atribuciones son en materia penal, vaya, el Derecho represor que tiene el Estado, único que puede hacer uso de dicha fuerza legal.

Todo ello, sin importar a los legisladores morenistas y aliados del criterio internacional que obliga a eliminar la mayoría de los ilícitos de la prisión preventiva; que el inculpado pueda gozar de su libertad en tanto es procesado. Bueno, en México el gobierno morenista aplica el criterio contrario, que el inculpado se defienda en la cárcel mientras es procesado.

Esto es, si algún morenista «rabioso», esos que odian a la oposición por simple placer, acusa a su vecino de robo con violencia, pues el vecino se irá a la cárcel y desde el interior el acusado deberá defenderse. Así la nueva reforma. Claro, el ministerio público también lleva mano; o sea, bastará con que Alejandro Gertz Manero, pida al juez la prisión preventiva del inculpado, para que el juez la otorgue; no será facultad del impartidor de justicia, no, debe cumplir o aplicar lo solicitado por el «representante social» ¿Acaso no es otra medida de represión en manos del gobierno?

Y plasmada en la Constitución, misma que no puede ser controvertida, también por voluntad del legisladores federal. Cada vez nos acercamos más a la dictadura, mientras el «pueblo» sigue aplaudiendo o ignorando los abusos que cometen los creadores de leyes.

Así pues, con la reforma al artículo 19 constitucional aumentaron el número de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa; tirando por la borda el criterio que fuera sostenido por la debilitada y vapuleada Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la disminución de las conductas típicas que permiten imponer la prisión preventiva oficiosa. Facultan al Estado Mexicano, por medio del ministerio público federal o local, pedir al juez imponga la medida cautelar a cualquier detenido y el juez dejó de tener la facultad para negar la promoción ministerial, la convirtieron en obligatoria.

Así que, el gobierno te acusa, te investiga, te encierran y no te concede, vamos, ni el derecho de gozar de tu libertad bajo fianza. Como le hicieran con Jesús Murillo Karam, con Rosario Robles o Alejandra, ex cuñada de Gertz Manero. Ahora ya tienen el poder absoluto, convertido en facultad constitucional ¿Qué más violaciones cometerán en agravio del «pueblo», bajo el disfraz de la democracia?

El Poder Legislativo, con el contubernio del Poder Ejecutivo, eliminaron la presunción de inocencia, derecho inalienable, el cual, supuestamente debe gozar cualquier acusado, hasta en tanto no se pruebe su culpabilidad.

Esto significa que, en lo sucesivo basta con que solicite el MP promueva la prisión preventiva de cualquier inculpado para que esta proceda. El inculpado inocente tendrá que defenderse desde la cárcel, no podrá disfrutar de la libertad hasta en tanto no se resuelva el fondo del asunto sobre la culpabilidad o inocencia.

Estos actos abusivos los promovió e impulsó AMLO desde sus mañaneras, cuando ellos acusaban a quienes eran sus detractores, para lo cual usaba y aún sigue en el cargo a Pablo Gómez, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, izquierdoso y sobreviviente expoliador del 68.

AMLO siempre se quejaba cuando las autoridades judiciales dejaban en libertad al inculpado en etapa procesal o le concedían la libertad para sobrellevar el proceso fuera de la cárcel, López Obrador promovió la eliminación de la presunción de inocencia hasta que lo logró con el control de ambas Cámaras legislativas; también promovía para que los inculpados se defendieran encerrados y, de resultar inocentes, hasta entonces dejarían la prisión. Y así se quejaba por la detención del Mayo Zambada. Siempre fue un cínico el expresidente López Obrador.

La otra facultad plasmada en la Constitución. Con ambas cierran la pinza y logran el instrumento constitucional para cometer cualquier abuso bajo el amparo de nuevas atribuciones en manos del gobierno, sus autoridades.

La facultad de investigación de «conductas supuestamente delictivas» ya no son exclusivas del ministerio público. En lo sucesivo se comparte con la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y a las policías. Entiéndase, de la Secretaría de la Defensa Nacional, dado que de ella depende la policía federal o Guardia Nacional. Ampliaron constitucionalmente la función de investigación a cargo de más autoridades. Dotan al Secretario Omar García Harfuch, de más poder. Por medio del Sistema Nacional de Seguridad Pública, adquiere la atribución de formular, coordinar y dirigir la estrategia de seguridad pública nacional, así como de todos los programas y políticas en la materia.

Por medio del Secretariado Ejecutivo, a cargo de García Harfuch, ya tienen el control de los 3 niveles de gobierno en esta materia y, por supuesto, a nivel nacional.

Omar García será el «cerebro» de la inteligencia policial; pero, tiene un severo problema operativo, carece de personal o elementos a su disposición; todos son controlados militarmente por la SEDENA. Lo mismo que le sucedió a doña Rosa Icela Rodríguez, esta se convirtió en simple vocera, dado que la fuerza pública siempre estuvo bajo el mano militar.

Salvo que, la enorme diferencia, en esta ocasión, que García Harfuch, sí sabe y tiene experiencia policial y operativa, algo de lo que siempre careció Rosa Icela, por ello el enorme fracaso en materia de seguridad pública, más de 200 mil homicidios en lo que va de la cuarta transformación.

Total, dos nuevas reformas constitucionales que empobrecen, debilitan los derechos de la población y fortalecen el poder del gobierno en turno.

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Tras La Verdad / Por: Héctor Parra Rodríguez

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