¿Terceros – no usuarios – metidos en el secuestro de unidades de Qrobús?

La tarde noche del pasado martes 25 de octubre se tornó de pesadilla para usuarios del sistema de transporte Qrobús.

Y es que, en la comunidad de Lourdes, perteneciente al municipio de Corregidora, fueron retenidas varias de estas unidades, afectando a cientos de personas tanto de ese lugar como de toda la ruta.

Pero el asunto se radicalizó. Terceros, Terceros, Terceros, Terceros, Terceros, Terceros

Algunos usuarios demandaban la desaparición del trasbordo de rutas, la continuidad en menor tiempo de la Ruta 75 o de una ruta que fuera directa de aquella comunidad hacia la capital queretana.

Todo esto parecía correcto dentro de los derechos de los usuarios mientras pegaron cartulinas en las unidades, pero se salió de control al retenerse varias unidades en un presunto delito equiparable al secuestro.

Hoy, a poco más de 15 días de este lamentable hecho, están saliendo algunas denuncias tanto de los auténticos usuarios de esa comunidad que fueron perjudicados por esa retención de unidades, como por las “benditas redes sociales”, en conocida expresión del presidente de la república.

Se habían infiltrado entre esos “usuarios” algunos activistas de un partido político de izquierda con el fin de provocar un conflicto social, uno de ellos fue identificado con el nombre de Víctor Pavel Sánchez Becerril, que no vive en esa comunidad de Lourdes, pero que tiene un “contrato de prestación de servicios profesionales” a su favor, extendido por conducto de la Delegación de la Secretaría de Bienestar en el estado, con fecha del 1 de julio de 2020.

Según algunos puntos de las cláusulas de este contrato de “prestación de servicios profesionales”, sus servicios profesionales se refieren a la “coordinación, implementación e instalación de mesas de atención para los beneficiarios de los programas” (de Bienestar) entre otro par de obligaciones concerniente a las tareas de esta Secretaría.

Todo hasta ahí camina dentro de la normalidad. Una copia de este contrato se encuentra en mi poder.

Sin embargo, el susodicho personaje fue fotografiado recientemente en pleno activismo político protestando por el servicio de Qrobús de la comunidad de Lourdes. La foto me llegó por las “benditas redes sociales”.

Este contrato de servicios profesionales fue extendido por el entonces delegado de la Secretaría de Bienestar Social, Dr. Gilberto Herrera Ruiz.

Pero el asunto no para ahí porque otra persona de nombre Rebeca Peña García, con contrato de trabajo de la misma Secretaría, es señalada por redes sociales como activista de Morena, pero que tiene un sueldo mensual neto de $ 7, 411.15, actualizado al 4 de septiembre de este año y fotografiada en protestas ciudadanas en contra de la administración pública estatal y portando una camiseta con los colores y la leyenda de Morena.

Hasta ahí los datos duros que circulan en redes sociales pero que pueden ser investigados como presuntos delitos de activismo político, cuando fueron contratados para otros menesteres.

Y todo esto en la antesala de un proceso electoral que ya está a la vista.

¿Se vale cobrar en alguna dependencia y realizar presunto secuestro de unidades del transporte o de activismo político?