Tribunal de Perú ordena liberar a Alberto Fujimori
Tribunal Constitucional de Perú ordena liberar a Alberto Fujimori
El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la “inmediata libertad” del expresidente Alberto Fujimori.
El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó lo contrario el año pasado.
“Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo (donde permanece recluido), en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori”, reza un auto del TC.
La resolución, que fue firmada por 3 de los actuales 6 miembros del TC, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales, declaró “fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo pasado, recaída en el presente proceso”.
El pasado viernes, un juzgado de la región sureña de Ica declaró improcedente una primera resolución del Constitucional que restablecía el indulto de Fujimori y devolvió el caso al TC.
El presidente del máximo tribunal, Francisco Morales, había afirmado que las autoridades debían “proceder a la excarcelación inmediata” de Fujimori, en contra de dos resoluciones emitidas por la CorteIDH.
“Se debe proceder a cumplir la anterior sentencia”, declaró Morales al aclarar un auto del TC que declaró improcedente una consulta del Ministerio de Justicia sobre el indulto otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y que había suscitado distintas interpretaciones.
En ese sentido, la resolución emitida este martes por el TC también llamó “severamente la atención” al juez de Ica y lo exhortó a “poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de habeas corpus”.
El indulto, otorgado a Fujimori el 24 de diciembre 2017, ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018, luego que la CorteIDH pidió al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.
La semana pasada, horas antes de la decisión del juez de Ica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante la posibilidad de que la resolución del TC llevara a la excarcelación de Fujimori.
El organismo recordó que el 7 de abril de 2022 “estableció las razones por las que el Estado debe abstenerse de otorgar un indulto ‘por razones humanitarias’ en cumplimiento de los estándares interamericanos establecidos en las resoluciones de supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta”.
Por su parte, la CorteIDH pidió al Gobierno peruano que le remita un informe sobre el cumplimiento de lo ordenado en su resolución del año pasado.
Al respecto, el TC se manifestó en su resolución de este martes “sobre la falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de cumplimiento de sentencias, para disponer la inejecutabilidad de una sentencia”.
Tras señalar que “resulta inobjetable” que “existe una obligación del Estado de cumplir” con las decisiones emitidas por la CorteIDH, consideró que esta debe someter cualquier incumplimiento a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) “los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos”.
Según el análisis de los magistrados firmantes, por ese motivo “queda fuera de su competencia (de la CorteIDH), ordenar a un Estado, en supervisión de cumplimiento de sentencia, no ejecutar una sentencia de un tribunal nacional”.
“En virtud de esa falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para, en el marco de una supervisión del cumplimiento de sentencias, ordenar directamente la no ejecución de una decisión judicial, este Tribunal dispuso la ejecución de su sentencia de fecha 17 de marzo de 2022”, remarcó.
La condena
En 2010, la Corte Suprema de Justicia de Perú condenó a Fujimori por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves.
Los delitos se le imputaron por dos matanzas y dos secuestros, perpetrados por un escuadrón de la muerte, conocido como el Grupo Colina, que según la sentencia actuaba bajo órdenes del mandatario.
La sentencia se dictó el 7 de abril de 2009. Era la primera vez que un exmandatario constitucional de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes de lesa humanidad.
Fujimori alcanzó a cumplir la mitad de su condena, antes de recibir un polémico indulto por parte del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, en 2017. Este indulto fue anulado en octubre de 2018.
Los crímenes de los que se le acusaron sucedieron en el marco del conflicto interno de Perú, en el que el gobierno realizó una campaña contra el insurgente grupo armado Sendero Luminoso.
Cómo Alberto Fujimori se volvió «el preso más caro» de Perú
Mientras las cárceles de Perú se encuentran entre las más sobrepobladas de América Latina, hay una exclusiva prisión en la que vive un solo reo.
No tiene celdas. Cuenta con tres estancias, biblioteca, un taller para pintar, una cocina, sala de reuniones, enfermería e, incluso, un huerto.
Para mantenerla y cuidar de su único preso, solo en 2020, el gobierno invirtió unos US$172.000 dólares, una cifra 57 veces mayor que la cantidad que destinó de forma individual para el resto de los presos en otras penitenciarías comunes.
Y es que allí, en la prisión de Barbadillo, en el barrio de Ate, en Lima, no está solo «el preso más caro de Perú», sino también el más famoso: el expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
Foto de EFE / Archivo
