Gobierno total, pero barato
Una ruta para el fracaso es hacer grandes planes con mínima inversión. Gobierno total, pero barato. Por: Ángel Dorrego
El Senado de la República aprobó la semana pasada una ley que obliga a los usuarios de teléfonos celulares a dar sus datos biométricos. Dicha iniciativa pudo volverse ley a pesar de las abstenciones de algunos de los miembros del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero gracias a la mayoría del mismo partido más sus aliados. Según sus defensores, se busca evitar los delitos telefónicos al enlazar cada número con una persona perfectamente reconocible gracias a la entrega de sus documentos de identificación personal y datos biométricos, por ejemplo, su huella digital. Las operarias de servicios de telefonía celular están encargadas de elaborar este padrón, y resguardarlo hasta que el gobierno les solicite algún dato. Si a usted esto le suena lógico, le explico por qué no lo es.
La elaboración de una base de datos de 86 millones de personas con ese número tan importante (y delicado) de información requiere de una inversión grandísima. Y además genera un gasto corriente para el manejo de los archivos electrónicos, ya que hay que contratar personas que operen el sistema, lo sostengan y, mucho más importante, lo defiendan del robo de información por vías electrónicas. En realidad, no tienen ningún incentivo más allá de la vaga y lejana amenaza de castigo si son laxos en esto. En el sexenio del expresidente Felipe Calderón se intentó ligar el número de celular a una identidad acreditable por algún documento oficial, y la cosa terminó con la base de datos robada y vendida en internet, por lo cual lo que nos registramos a la fecha recibimos llamados de inescrupulosas compañías de celulares e instituciones bancarias.
Pero en este caso el botín aumenta a todos los datos útiles de una persona. Su identidad completa. O sea, lo que están haciendo es tratar de evitar una serie de delitos a partir de algo que potencialmente puede generar más delitos; y más graves, ya que lo que está en juego es gran parte de lo que le da a cada individuo contemporáneo acceso a su información confidencial y, en muchos casos, a sus recursos. Por ejemplo, un usuario que acceda a su cuenta bancaria por huella digital. Es por esto que las democracias occidentales han optado, en mayor medida, por tratar de evitar que estas bases de datos se generen y, en caso de existir, su uso sea limitado a los derechos de privacidad del individuo; lo que ha llevado ya en más de una ocasión a choques entre los gigantes de los servicios por internet con la Unión Europea, por mencionar un caso. La lógica es evitar el delito a partir de no crear herramientas que permitan delinquir.
La lógica del gobierno mexicano, por su parte, es que si tiene mecanismos de geolocalización de sus ciudadanos podrá facilitar sus labores de seguridad pública. Esto es cierto, como lo puede comprobar China. Pero toda esa información siempre termina por ser utilizada de forma facciosa por el gobierno en turno para sus fines coyunturales. Como en China, Afganistán y otros 15 regímenes autoritarios que piden este requisito para tener un teléfono celular. Tal vez por eso los defensores de los derechos humanos lo consideran un completo atropello, pues implica pérdida de libertad a cambio de una hipotética seguridad.
Sin embargo, una falencia que no se ha mencionado mucho, aunque es permanente en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido en el Congreso de la Unión, es que quieren hacer grandes planes con mínima inversión. Y van desde hacer un logo de un aeropuerto que parece billete del Turista del Anáhuac de 1960 para justificar que sólo costó 3 mil pesos (y aun así los estafaron); pasando por el durísimo recorte a la Comisión Nacional Forestal por una falta de flujo de caja para financiar el moderno tren de combustible y las refinerías, porque los bosques ya están grandes y se pueden cuidar solos de los incendios; para culminar con generar una base de datos delicadísima sin invertir en todas las protecciones que esto requiere, y que lo hagan las empresas, que para eso tienen dinero; aunque ellas ni puedan ni quieran protegernos, pues según para eso pagamos todos un gobierno.
Así, tenemos un gobierno que quiere mandar en todas las lides, pero invertir sólo en las que cree que no le puede (o debe) endilgar a alguien más. Esta es una receta que jamás ha funcionado, ya que regularmente se termina con más problemas de los que se tenía al principio. No hay regímenes vigilantes baratos, ni totalitarismos exitosos. No digo que Morena se vaya a convertir en una especie de régimen totalitario. Pero sus intentos dogmáticos por abarcar más espacios de los que la ley permite sumado a su pueril concepción de la economía nacional y la administración pública nos está generando más problemas que soluciones. Para los ciudadanos, por lo menos.
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Gobierno total, pero barato. Por Ángel Dorrego
Analista, consultor y asesor político. Especializado en temas de seguridad y protección civil. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestro en Estudios en Relaciones Internacionales también por la UNAM. Cuenta con experiencia como asesor de evaluación educativa en México y el extranjero, funcionario público de protección civil y consultor para iniciativas legislativas.
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